Manipulación de la justicia

La discrecionalidad con la que hoy se está impartiendo justicia es muy peligrosa y más aún en lo relativo a prisión preventiva oficiosa.

Más allá de centrar nuestra atención en el caso de Rosario Robles, es grave percibir que se están sentando precedentes que pueden derivar en extorsión o venganzas futuras a ciudadanos que no posean presencia pública y cuyo nombre no sea del dominio público; por tanto, ciudadanos vulnerables.

La prisión preventiva oficiosa debe ser el último recurso que aplique un juez y debe contar con muchos candados para equilibrar la subjetividad del juzgador.

Cuando la sospecha de parcialidad envuelve a un caso, como sucede con el de Rosario Robles, se debilita la autoridad moral de nuestro Estado de Derecho y eso es muy grave en un país con altísimo índice de impunidad y de abuso de autoridad por parte de quienes ejercen el poder político.

El desaseo jurídico a partir de inequidades, como lo es la flexibilidad otorgada a Emilio Lozoya y a Alonso Ancira, comparados ambos casos con la rudeza innecesaria contra Rosario Robles y el senador Jorge Luis Lavalle, -ambos presos por sospechas de peculado-, están ensuciando la legitimidad del combate a la corrupción y están presentando otro rostro de esta campaña, o sea, la cacería de brujas para decirle al pueblo que esta lucha sí camina.

Sin embargo, todo parece resumirse en la utilización de la ley como instrumento para el ajuste de cuentas e intimidación, para propiciar que quien tenga cuentas pendientes delate a otros para intentar salvarse.

Seguramente antes la justicia también se aplicaba discrecionalmente, pero en ese entonces no existían las herramientas con las que hoy se cuenta para dar claridad a la aplicación de la ley. Sin embargo, seguirlo haciendo es imperdonable, pues vivimos la era de la transparencia, donde todo se sabe.

Peor aún el cinismo con el que la FGR voltea hacia otro lado cuando se trata del círculo del poder.

Si a esto añadimos el sonado caso Conacyt y los 31 científicos, sobre los que la FGR pretende aplicar prisión preventiva, -lo cual sólo ha servido para exhibir internacionalmente a México-, veremos que los riesgos de aplicar la “prisión oficiosa” son mayores que sus beneficios.

Por tanto, es urgente que el Congreso elimine la prisión oficiosa por posibles delitos fiscales y financieros, pues los riesgos derivados de la aplicación subjetiva de la ley son mayores y de mayor impacto, que la peligrosidad de quienes se sospecha que han cometido estos delitos.

Es riesgoso centrar toda la responsabilidad de este tipo de decisiones en un solo individuo, que sin duda, por su condición humana siempre será vulnerable a dejarse llevar por sus estados de ánimo, sus compromisos, o caer en las tentaciones, como podría suceder con cualquier otro mexicano al que el estado le entregue poder absoluto sobre la libertad de terceros.

Por lo menos, si no se deroga la prisión oficiosa o preventiva, deben instrumentarse candados para que esta decisión siempre deba ser avalada por una institución independiente del poder judicial, o por consejos ciudadanos.

ALCANCES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La opinión de un ciudadano no representa lo mismo que una opinión expresada por el presidente de la república, pues lo que él diga lleva todo el peso del Estado Mexicano.

Incluso la opinión de youtubers, de influencers con miles de seguidores en redes sociales y la de periodistas, comparada con la del presidente, tiene grandes diferencias.

Cualquier opinión vertida desde el ámbito privado puede ser cuestionada sin ninguna consecuencia y su impacto se queda en el aire, así como en el ámbito de la persuasión.

Sin embargo, la opinión del presidente respecto a un tema, a una persona, o a un organismo público o empresa, puede tener consecuencias graves en el mundo real, pues termina induciendo en funcionarios públicos y en sus mismos seguidores, la percepción de haber recibido una directriz o instrucción velada, para actuar en un sentido específico.

Una opinión presidencial puede derivar incluso en agresiones directas hacia alguien que haya sido señalado.

Por tanto, este es un tema que amerita un análisis profundo, serio, y profesional, pues las confusiones conceptuales respecto a lo que es libertad de expresión, pueden tener graves consecuencias.

Un ejemplo del impacto que puede tener una opinión presidencial nos lo da su crítica a las últimas administraciones de la UNAM, la cual generó reacciones fuertes, no sólo entre los políticos sino también entre la sociedad, pues estimuló especulaciones respecto a si esta opinión pretendía preparar el terreno para intervenir en la vida académica de esta prestigiada institución que hasta hoy goza de total autonomía.

En la asamblea de la Sociedad Interamericana de la Prensa, SIP, -organismo que agrupa a los más importantes medios de comunicación de Iberoamérica-, con sede en Miami, se presentó el índice 2021 que mide los niveles de libertad de prensa de esta región de nuestro continente.

En este estudio México se ubica en el lugar 16 de un total de 22 países evaluados, lo cual es preocupante, porque en la valoración del año pasado nuestro país estaba localizado en el lugar once.

GOLPE A LA FILANTROPÍA

En la conferencia “mañanera” del pasado jueves el presidente fustigó a las instituciones filantrópicas de la sociedad civil, en apoyo a la ley promovida por MORENA que limita las aportaciones económicas orientadas hacia las actividades altruistas.

¿Y dónde quedan las instituciones ciudadanas que nacieron con vocación solidaria, movidas por una actitud generosa y con el fin de ayudar a algún grupo vulnerable a quien no le llegan apoyos gubernamentales?... Estas son la gran mayoría de estas organizaciones de ayuda comunitaria.

La actitud del presidente, tendiente a generalizar en sus críticas, está destruyendo iniciativas de la sociedad civil construidas a lo largo de los años.

Que algunas organizaciones de este tipo operen en un ambiente de corrupción, es muy posible y ante ellas debe caer el peso de la ley. Sin embargo, es injusto catalogar a todas por igual. En la sociedad no todo es blanco o negro, hay muchos tonos que hacen la diversidad.

La retórica utilizada siempre es la misma: ensuciar el buen nombre de toda una comunidad exhibiendo sólo unos cuantos ejemplos de abuso como si fueran representativos de la totalidad.

Al fustigar por igual a todas las fundaciones filantrópicas se va a afectar a pequeñas instituciones que sí hacen labor social significativa.

Es la sociedad civil, la que debe exigir a los senadores que frenen este golpe a la filantropía, que va a afectar a miles de personas vulnerables que reciben medicinas que el gobierno no les da, así como también migrantes que reciben comida y presos que reciben ayuda, o la gente violentada que recibe apoyo jurídico, las escuelas públicas de lugares con pobreza extrema que son patrocinadas por la sociedad civil, los jóvenes que reciben becas para estudiar y muchas actividades más que resuelven necesidades que este gobierno no tiene capacidad de solucionar.

Este nuevo golpe a organizaciones ciudadanas evidencia el interés de la 4T por obtener el monopolio de la caridad pública, lo cual desde el punto de vista político pudiese llevar el objetivo de transformar el agradecimiento ciudadano en votos.

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